MADRID, 18 (SERVIMEDIA)

La Fiscalía Provincial de Valencia ha incoado diligencias para investigar la denuncia presentada contra el hotel Palace de Gandia en la que se exponen hechos que pudieran ser constitutivos de delito por discriminación por razón de discapacidad.

El pasado 9 de mayo Plena inclusión Madrid entregó en la Fiscalía General del Estado un escrito donde denunciaba la discriminación por razón de discapacidad en la que, a su juicio, incurrió el hotel,

En su escrito, la federación madrileña explicaba que, según su política, este hotel no aloja a grupos de personas con discapacidad, aunque sí les permite reservar de forma individual «siempre que estén acompañados al menos por un adulto mayor de edad capacitado por habitación».

Los hechos denunciados tuvieron lugar cuando una de las entidades pertenecientes a Plena inclusión Madrid, Círvite, se encontraba organizando una semana de vacaciones para un grupo de 23 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y seis profesionales de apoyo, tal y como hacen desde hace años.

La reserva se intentó llevar a cabo para un grupo de adultos con discapacidad intelectual y se habían solicitado 14 habitaciones dobles y una individual, requiriendo única y exclusivamente una habitación adaptada.

En este caso, el hotel seleccionado para pasar las vacaciones fue el Gandía Palace y, si bien se comenzó a tramitar la reserva e incluso se llegó a abonar un depósito, en el momento de aportar la distribución de habitaciones, el hotel comunicó que «no trabaja con grupos de menores de edad, ni con grupos de discapacitados, ni con grupos de colectivos de fútbol».

La empresa aclaró que sólo se podría reservar para estas personas de forma excepcional de manera individual y siempre que estén acompañados al menos con un adulto mayor de edad «capacitado por habitación».

Quizás también te interese:  La ocupación media de los hoteles madrileños durante el puente de diciembre rozó el 73%

A juicio de Plena inclusión Madrid, los hechos ocurridos vulneran derechos fundamentales y son contrarios a los principios de igualdad, inclusión y no discriminación que se recogen en la normativa española.