MADRID, 15 (SERVIMEDIA)

Facua-Consumidores en Acción volvió a exigir este viernes la presencia de más inspectores en los aeropuertos españoles para «verificar» si se «cumple» a lo largo del verano el Reglamento (CE) nº 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos.

Así lo reclamó el secretario general de la organización, Rubén Sánchez, en el transcurso de una rueda de prensa para dar a conocer los resultados del informe ‘¿Qué denuncian los consumidores?’, relativo al balance de consultas y reclamaciones tramitadas por la asociación durante el primer semestre del año, en la que, con respecto a este sector, advirtió de un aumento de denuncias «sobre todo en el último mes» y auguró que habrá «picos a lo largo de julio y agosto».

En este punto, subrayó que este periodo es «el momento de mayor tráfico aéreo y de contrataciones de vuelos» de todo el año y se mostró convencido de que en este 2022 será, además, «especialmente conflictivo» por las huelgas de los trabajadores de varias compañías aéreas que, aseguró, Facua «respeta absolutamente».

A este respecto, insistió en que en España «no tenemos inspectores en los aeropuertos para verificar si se cumple el reglamento europeo de derechos del pasajero, que establece la obligación de una aerolínea de informar al usuario de sus derechos ante una cancelación o un gran retraso».

«¿Por qué no hay inspectores en los aeropuertos para estos fines?», se preguntó, al tiempo que afirmó que «no tiene ningún sentido que no haya un protocolo de control para que, si hoy, Easyjet o Ryanair, en el marco de una huelga, no han informado a la gente de cuáles son sus derechos, se les ponga una multa, se les abra un expediente sancionador para que, cada vez que ocurra, les salga más caro no informar a la gente del derecho y tenga esa capacidad disuasoria».

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En este sentido, incidió en que, al no existir ese mecanismo, las multas «son muy poco frecuentes o de una cuantía muy reducida, porque son también muy pocos los usuarios que, conociendo sus derechos, denuncian».

DENUNCIAS

Con respecto a las denuncias relacionadas con las aerolíneas, Sánchez explicó que los consumidores critican, principalmente, «que no se les paga lo que se les debe cuando se cometen estas prácticas» y recordó que, cuando se cancela un vuelo por huelga o por una avería en la aeronave, el usuario no solamente debe ser reubicado en otro vuelo «lo antes posible» o recibir el reembolso de su dinero «si ya no le viene bien», sino que también tiene derecho a una compensación económica mínima de 250 euros, en función de la distancia del vuelo, así como por «daños y perjuicios».

«Si ha tenido que asumir costes de alojamiento, manutención, pérdida de vuelos o de conexión que tenga que volver a contratar, todos esos perjuicios puede reclamarlos a la compañía aérea», abundó, para lamentar que «es generalizado el que nos encontremos con negativas a pagar algunas de esas cantidades o todas».

Tras aseverar que «no tenemos ninguna aerolínea que poner como ejemplo de buenas prácticas a la que las demás deberían imitar», volvió a urgir al Ministerio de Transportes a que «se tome en serio lo que está pasando». «Que asuma que hay miles y miles de pasajeros en toda España que no tienen ni la más remota idea de cuáles son sus derechos cuando les están chafando las vacaciones», espetó, para preguntarse «qué trabajo le costaría articular un mecanismo con AENA tan simple como que, en los paneles informativos, parpadeara un mensaje diciéndole al consumidor que se informe de sus derechos a reclamar por las cancelaciones y de las indemnizaciones económicas o compensaciones que marca la ley».

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En este punto, defendió que podrían ser «mensajes muy breves» gracias a los cuales «se multiplicarían exponencialmente las denuncias y las reclamaciones a aerolíneas pidiendo el dinero». «Nosotros tenemos la convicción de que, en un vuelo donde hay 200 pasajeros que se han quedado sin vuelo, posiblemente muy pocos, un grupo muy reducido, reclama la compensación económica directa y menos aún los gastos añadidos de hoteles que pierden o espectáculos contratados», resolvió.

«Reclaman muy pocos, porque muy pocos conocen sus derechos», sentenció, para denunciar que el Gobierno «no está desarrollando acciones para garantizar que conozcan sus derechos». «Se pueden hacer muchas cosas, pero el mecanismo más simple y más eficaz cuando a alguien le cancelan un vuelo es que, cuando se entera de la cancelación, el mismo panel dijera también que se informe de sus derechos y en qué web puede informarse sobre ese derecho a compensación e indemnización», añadió, para puntualizar que las aerolíneas «están obligadas a dar esta información, pero no lo cumplen».